En la nota que envió la Dirección el viernes pasado, requiriendo información a todos los trabajadores sobre la rentabilidad de sus aportaciones al ilegal Plan Alternativo, lo que realmente subyace es el incumplimiento del mandato de ejecución.
 
Resulta especialmente grave constatar que, tras más de dos meses del Auto de 27 de febrero, la Dirección no ha dado ni un solo paso en orden a una ejecución ordenada y negociada del fallo, no ha convocado a los Comités, no ha contestado a las peticiones de información efectuadas y su primera actuación ha sido trasladar a toda la plantilla una injustificada exigencia de información, escudándose en estas peticiones para eludir el cumplimiento.

Como ya os comunicamos el viernes, hemos consultado con nuestros asesores, y nos confirman que:

   NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN PEDIDA

Entre otras, por las siguientes razones:

    Que amparan su petición en la propia regulación del Plan Alternativo que fue declarado nulo de pleno derecho
    Que no pueden trasladar a los trabajadores beneficiarios cargas documentales e informativas innecesarias y desproporcionadas

La posible actualización de las aportaciones para la regularización es una cuestión de naturaleza colectiva, no individual y solo en sede colectiva y de manera uniforme puede aplicarse.

IBM no está ejecutando la Sentencia: ni para los que tienen ya 60 años y han solicitado cobrar su pensión; ni para los procedentes de IBM Global Services, para los que no se puede exigir regularización alguna, porque IBM financió el Plan Alternativo con el salario ilegalmente detraído a los mismos; ni para los colectivos procedentes de subrogaciones, que unilateralmente han decidido excluir del cumplimiento, sin fundamento alguno; ni para la generalidad de los afectados que deberían haber incluido en la póliza, desde que se recibió la orden judicial, sin perjuicio de las regularizaciones posteriores que se hubieran de realizar.

Dado el manifiesto nivel de incumplimiento del mandato judicial y de sus graves consecuencias jurídicas, nos vemos obligados una vez más a volver a la Audiencia Nacional como garante del íntegro y correcto cumplimiento por IBM de las obligaciones que la propia Sala le impuso, y solicitar que evalúe estas actuaciones empresariales de pretendida ejecución unilateralmente llevadas a cabo desde el Auto de 27 de febrero.

Comités de Empresa de IBM e IGS