En el comunicado del día 8 de abril, la Dirección de IBM después de una interminable batalla sindical y jurídica que ha durado más de 20 años, por fin admite que han de cumplir la sentencia y desmontar el llamado Plan Alternativo de Pensiones (PA) que unilateralmente impusieron en 1993 y que han venido manteniendo hasta ahora con un claro perjuicio hacia los trabajadores.

Sobre el citado comunicado queremos hacer algunas puntualizaciones:

1.- La supuesta decisión “voluntaria e informada” de los empleados para cambiar al PA se basó en una campaña de marketing orquestada por la empresa con nula información veraz sobre las implicaciones y una fuerte presión sobre los afectados.

Adicionalmente, a todos los trabajadores que han entrado en IBM desde ese momento se les ha impuesto directamente (incluso restando de su propio sueldo la aportación al PA), por lo que hablar de "ofrecimiento voluntario" es una burla.

Aún así la Audiencia Nacional no condena por dolo (engaño) sino por una ilegalidad todavía más grave e inconstitucional: la vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores.

2.- Cuando ilegalmente IBM reduce el sistema de pensiones de los trabajadores y los Comités de Empresa recurren judicialmente contra esa reducción, consiguiendo revertir ese recorte con el apoyo de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo,  la Dirección, en lugar de analizar sus errores, pretende difamar la actuación de los representantes de los trabajadores.

De forma inaudita y con la máxima desvergüenza, la empresa deja claro en su comunicado que la “posición altamente competitiva en el mercado” que han mantenido durante todos estos años ha estado basada en el incumplimiento de la ley.

Y por otro lado, sin aportar ningún dato, la empresa se permite afirmar falazmente que el mantenimiento del Plan de Pensiones dentro del marco de la legalidad avalada por el Tribunal Supremo, resulta insostenible. A este respecto los Comités queremos manifestar que en reiteradas ocasiones durante las pasadas negociaciones, se le solicitó a la empresa la información con la que avalaba tales afirmaciones. Nunca nos han aportado ni un solo dato al respecto.

En lugar de mentir y convertir sus explicaciones en insidias, falsedades y defensa de lo ilegal, deberían asumir las responsabilidades profesionales derivadas de la nefasta gestión de este conflicto y no pretender, como intentan nuevamente, trasladar el coste del mismo a los derechos presentes y futuros de los trabajadores.

3.- Que la Dirección manifieste además que los Comités no han querido negociar es otra falacia, pues siempre ha habido voluntad por nuestra parte de reconducir de forma negociada este conflicto:

Intentamos negociar en 2010 por recomendación de la Audiencia Nacional y dada la actitud negativa de la Dirección nos vimos obligados a reactivar la demanda judicial.

Intentamos negociar tras la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2014  y tras ocho meses de negarse a negociar el cumplimiento de lo dictado por los tribunales, presentando propuestas inaceptables que intentaban desvirtuar el Plan Tradicional y mantener el Plan Alternativo, vulnerando claramente la sentencia del Supremo, nos vimos obligados a recurrir de nuevo a la vía judicial.

Y en la propia Audiencia Nacional, de manera pública, se atrevieron a rechazar la sugerencia de mediación externa propuesta por el propio juez.

Ha sido la Dirección de la empresa la que ha minimizado siempre la importancia de este conflicto y la que ha forzado la petición de ejecución en la Audiencia,  sin intentar en ningún momento reconducir de forma negociada la obligación legal que se le venía encima.

Y hasta la fecha, la Dirección sigue sin aceptar nuestro ofrecimiento de solventar negociadamente la forma de aplicar la sentencia. Nosotros seguimos dispuestos a ello porque entendemos que es la única manera de evitar reclamaciones judiciales posteriores que serán inevitables si sus criterios no son los adecuados.
Nos dicen que van a aplicar la sentencia pero siguen sin aceptar, la primera premisa: que esto es un derecho colectivo que se tienen que individualizar. Y nosotros como comités tenemos la obligación legal y el derecho a supervisar y controlar este proceso de ejecución, pero ellos siguen sin aceptarlo.

Una vez aplicada la sentencia correctamente seguiremos dispuestos, como siempre, a discutir la situación financiera de las empresas, su empleo y sus condiciones laborales. Todo ello soportado por datos reales y supervisado por expertos.

Cuando tengamos más información, daremos nuestra posición sobre la forma en que IBM pretende aplicar (o en algunos casos no aplicar) la sentencia a algunos colectivos.

Saludos

Comités de empresa de IBM e IGS